Muchas entradas estoy dedicando en este modesto bloc a los desvaríos del PP, pero es que no me negarán que dan mucho juego. El Gobierno de Mariano I llevó a cabo la semana pasada una intensa demolición de derechos en educación y sanidad, y culminó con una preocupante decisión de aroma, ay, xenófobo: la exclusión de los inmigrantes irregulares de la atención sanitaria, contraviniendo así un derecho recogido por el propio José María Aznar en su Ley de Extranjería del año 2000. Alega el Gobierno motivos de ahorro, aunque, ¿no tiene un tufo demagógico y populachero recortar derechos de los inmigrantes en este campo, haciéndoles aparecer como culpables del desfase del gasto sanitario? Parece que esta Administración tan de derechas pone más el acento en la persecución del inmigrante sin papeles que tiene un catarro que en la del ciudadano comunitario de países más prósperos que el nuestro y con coberturas sanitarias más pobres que viene a operarse aprovechando unas vacaciones en Benidorm. Llegados a este punto, no está de más recordar un estudio de La Caixa de hace justo un año, sobre inmigración y uso de servicios públicos, que contiene algunas interesantes conclusiones:

• Los inmigrantes aportan más al Estado del Bienestar de lo que reciben, incluso los irregulares
• En la fecha del estudio, eran un 12% de la población y usaban un 5% de los servicios sanitarios
• Los irregulares pagan impuestos indirectos y ayudan a la conciliación
• El estudio subraya que los resultados «chocan» con la percepción ciudadana

El Gobierno español está jugando con fuego y atizando mares de fondo peligrosos para la convivencia y el futuro de nuestro país. Alimentar estos fuegos da pie a movimientos ultraderechistas como el de Le Pen en Francia, que se acaba de alzar con más de un 18% de los sufragios de la primera vuelta de las elecciones presidenciales galas. Cuidado.