Que un magistrado como Baltasar Garzón, distinguido por su lucha por los valores democráticos, acabe sentado en el banquillo e incluso apartado de su trabajo es algo que repugna a cualquier demócrata. Juzgado por una presunta falta en las formas, obviando el fondo del asunto: su intento de investigar la desaparición de más de cien mil compatriotas víctimas de la represión de la dictadura de Franco, muchos de los cuales siguen tirados en fosas anónimas junto a las cunetas. ¿Cómo es posible que los herederos del franquismo (Falange entre ellos), que son los promotores de estas acusaciones contra Garzón -jaleadas en una coincidencia nada casual por la derecha política y mediática-, tengan todavía semejante poder en esta España del siglo XXI? Parece extraerse una lección: que nadie ose remover el pasado siniestro de este país, saber la verdad sobre lo que ocurrió, porque los fantasmas del pasado pueden acabar de nuevo golpeándonos en la cabeza. Qué estupor. Qué triste y qué penoso sabernos de nuevo amenazados por la parte oscura de este país.