La aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la nueva ley del aborto, ha desencadenado la habitual respuesta cavernaria. Al PP, que anuncia que la llevará al Tribunal Constitucional, cabe hacerle una pregunta: ¿derogarán esta norma si llegan al poder? ¿Derogarían también otras leyes que garantizan avances sociales, como la del matrimonio homosexual? Porque suele ocurrir que los conservadores, que no tienen empacho en ser los primeros en beneficiarse de estas leyes, no hacen nada contra ellas cuando gobiernan, con una actitud singularmente hipócrita (bajo los gobiernos de Aznar se practicaron en España 500.000 abortos). También la jerarquía eclesial, obsesionada desde hace siglos por la reproducción, el sexo y la muerte, ha corrido rauda a exigir su abolición. Es la reacción habitual en los del alzacuellos, siempre tan amigos de darle al altavoz y de que todos digan amén. Estamos en el siglo XXI y las leyes las hacen los hombres y las mujeres; diríjanse a su grey, pero déjennos en paz al resto. Conocí el caso de una mujer a la que, hace un par de años, en plena persecución contra las clínicas abortivas, se le presentó en casa, por la noche, mientras bañaba a sus hijos, una pareja de la Guardia Civil, para revuelo de sus vecinos, preguntándole por qué había abortado, haciéndole sentir como una delincuente. Imagínense cómo se sintió en plena España democrática. Estas situaciones son las que la nueva ley busca erradicar, garantizando para siempre el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad. Tendrán derecho a interrumpir su embarazo hasta la semana 14 sin justificarlo, sin tutelas que valgan; porque ese es su derecho, para despecho de los hipócritas y de los del alzacuellos.